Cd. Victoria, Tam.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESPN) ocultó por cinco años la cifra de cámaras de videovigilancia vandalizadas en Tamaulipas en los últimos ocho años.
La respuesta a diversas solicitudes de información revela que la dependencia a cargo, ahora de Jorge Cuéllar Montoya, también vocero de Seguridad Pública, argumenta que se solicitó que las cifras de cámaras violentadas por células delictivas en el estado se oculte en razón que de hacerlo público se pondría en riesgo la seguridad en Tamaulipas.
“Se considera la reserva TOTAL por un periodo de CINCO AÑOS para el caso de información relacionada con la base de datos del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, e Inteligencia (…) para salvaguardar la información y el bien jurídico”, establece el oficio SESESP/061/2024.
- A pesar de ser hechos públicos en la frontera, y que el mismo Sesesp ha informado los ataques directos en contra de las cámaras de videovigilancia, principalmente en el municipio de Reynosa, ocultó la estadística de cuántas han sido derribadas del 2015 a la fecha; cómo han sido vandalizadas, ya sea con maquinaria pesada, armas de fuego, vehículos y otros.
ANTECEDENTE RECIENTE
Los hechos más recientes se registraron en Reynosa, cuando sujetos armados derribaron los postes en donde estaban instaladas las cámaras con maquinaria pesada que previamente fue robada.
Se reservó cuántas se han logrado reponer según los contratos firmados con empresas particulares encargadas del sistema de videovigilancia en el estado, los contratos con particulares para mantenimiento, así como las erogaciones para reponer las cámaras en caso que las empresas no se hagan responsables.
El propio Secretariado reconoce que el Ci5 tiene a su disposición el número de cámaras instaladas, número de cámaras vandalizadas, municipios en donde están instaladas, motivos de vandalización, nombre de las empresas con quienes se realizaron los contratos, montos de costos de las cámaras, los modelos y tipos de las mismas, sin embargo, se mantendrá oculta porque “resulta injustificable exponer información que invada la seguridad pública, cuyo fin es salvaguardar la vida”.
Los documentos de reserva cuentan con la firmas de Keira Guadalupe Saldívar Pizaña, jefa de la Unidad de Transparencia de la Secretaría General de Gobierno; Diana Reséndez Puente, secretaria de Control, y Gestión de la Secretaría Particular de la General de Gobierno; Santiago Martínez Vázquez, asesor de la Coordinación de Asesores; Óscar Rivera García, director de Análisis Sociopolítico de la Coordinación General de la Subsecretaría de Gobierno; y de Héctor Herón Sánchez Sánchez, director de Información Legislativa y Apoyo Técnico.