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Myanmar: Suu Kyi, acusada por posesión de radios ilegales

No se pudo contactar de inmediato con la policía ni con funcionarios judiciales en la capital, Naipyidó

YANGÓN, Myanmar.

La policía de Myanmar acusó a la depuesta líder del país, Aung San Suu Kyi, por tener varios walkie-talkies importados de forma ilegal en su casa, lo que le permite retenerla legalmente hasta el 15 de febrero, dijeron miembros de su partido el miércoles.

Suu Kyi fue detenida el lunes junto a otros altos cargos políticos cuando el ejército dio un golpe de Estado en el día en que debía reabrirse el Parlamento. Según funcionarios del partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), sigue en su casa bajo arresto domiciliario.

Los cargos contra Suu Kyi parecen acarrear una pena máxima de dos años de prisión. En las hojas de cargos se dice que los walkie-talkies, que no estaban registrados, eran para uso de los guardaespaldas de la política.

El vocero de la LND, Kyi Toe, confirmó la acusación en su página de Facebook, añadiendo que el expresidente, Win Myint, fue acusado de violar la ley de gestión de desastres naturales. Phyo Zayar Thaw, legislador de la formación, también confirmó los cargos.

No se pudo contactar de inmediato con la policía ni con funcionarios judiciales en la capital, Naipyidó.

La sublevación puso de manifiesto el alcance del control ejercido por los generales en el país a pesar de más de una década de conversaciones sobre las reformas democráticas. Las naciones occidentales habían celebrado el avance hacia la democracia con entusiasmo, retirando las sanciones en vigor durante años.

Además, supone una asombrosa pérdida de poder para Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz y que pasó años detenida en su casa mientras seguía con una campaña para llevar la democracia al país, antes de convertirse en la gobernante de facto cuando su partido ganó las elecciones en 2015.

Suu Kyi fue una crítica acérrima del ejército durante sus años de detención, pero tras pasar de icono de la democracia a política tuvo que trabajar con los generales, defendiendo incluso la represión sobre la minoría musulmana rohinya, que la comunidad internacional considerada un genocidio, lo que empañó su imagen a nivel internacional.

Los militares dijeron que se mantendrán en el poder bajo el estado de emergencia por un año, y luego celebrarán elecciones que determinarán quien asumirá el gobierno.

La Liga pidió una resistencia no violenta al golpe militar.

En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, decenas de personas hicieron sonar bocinas y golpearon cacerolas el martes en una protesta ruidosa convocada por activistas. Partidarios del ejército también se manifestaron, congregando a unas 3.000 personas en un mítin.

Por otra parte, el nuevo líder del país anunció que el gobierno militar tiene previsto investigar un supuesto fraude en las elecciones del año pasado. El general Min Aung Hlaing anunció las medidas el martes durante la primera reunión de su nuevo gobierno en la capital, explicó el periódico Global New Light of Myanmar.

El ejército señaló que uno de sus motivos para derrocar al gobierno civil liderado por Suu Kyi era que no investigó adecuadamente sus denuncias de presuntas irregularidades electorales generalizadas. La Comisión Electoral de la Unión dijo antes de la sublevación militar que en los comicios no hubo problemas significativos.

En los comicios de noviembre de 2020, el partido de Suu Kyi ganó 396 de los 476 en juego en las dos cámaras del Parlamento. La principal formación de la oposición, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, respaldada por el ejército, obtuvo apenas 33 representantes.

Al ejército, conocido como Tatmadaw, se le asigna automáticamente el 25% de todos los escaños de las dos cámaras en base a la constitución de 2008, que entró en vigor con un gobierno militar previo.

El periódico estatal reportó que Min Aung Hlaing dijo al gobierno que una nueva comisión electoral, formada por personal que describió como independiente e imparcial, “examinará los datos de la votación para hallar los resultados correctos, y se tomarán las medidas correspondientes en el proceso”. Además, se examinarán las listas de votantes para detectar registros de familias enteras, agregó.

Min Aung Hlaing apuntó además que mantendrá las medidas de contención del COVID-19 adoptadas por el gobierno de Suu Kyi. Myanmar ha confirmado más de 140.600 casos, incluyendo unas 3.100 muertes. Su infraestructura sanitaria es una de las más frágiles de Asia, según Naciones Unidas.

El general pidió también medidas para impulsar una economía afectada por la pandemia, especialmente el sector agrícola, del que depende más del 70% de la población del país que vive en zonas rurales.

Según un comunicado emitido el miércoles en nombre de los miembros de la dirección del partido de Suu Kyi, las autoridades comenzaron a registrar las oficinas de la LND en Mandalay y en otros estados y regiones el martes, y se incautaron de documentos y computadoras.

En su publicación en Facebook, Kyi Toe, explicó que las cerraduras de varias de las oficinas de la formación estaban rotas y calificó los cateos como ilegales, al tiempo que exigió que se detuvieran.

La sublevación supone una prueba para la comunidad internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó las acciones militares como “un asalto directo a la transición del país hacia la democracia y al estado de Derecho” y amenazó con imponer nuevas sanciones. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió el martes para evaluar la situación pero no tomó medida al respecto.

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