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La narcoviolencia en la tierra mexicana de la prosperidad

El Estado industrial y tradicionalmente seguro de Guanajuato se ha convertido en el último año en el más sangriento del país. En enero de 2010, contó 36 homicidios; en enero de 2020, más de 400.

México.

A las 14.00 horas del miércoles 12 de febrero su marido todavía no estaba muerto. Sus dos hijas comían y dormían poco, su hijo más chico lloraba a ratos desconsoladamente y otros se calmaba con una canción de banda. Había perdido su trabajo en una fábrica de coches de tanta visita a la Fiscalía y se había ido a vivir con su madre. Tenía que elegir: no le alcanzaban los pesos para llevar al pequeño a una escuela para niños con discapacidad y que su hija mayor fuera a la secundaria. Había hecho una pancarta con la foto de su marido, Juan Carlos Medina, de 33 años, y había puesto un número de teléfono. A esa hora, ese día, María Guadalupe Gallardo tenía todavía la misión de encontrarlo. Todo terminó apenas unas horas más tarde.

Hace poco más de tres años, en el municipio de Irapuato (Guanajuato, centro de México), de donde es Gallardo, los reporteros de nota roja tenían que buscar las noticias en Google, cuenta de forma anónima uno de ellos. En esta ciudad industrial, a 21 kilómetros de la planta de Mazda, que da la bienvenida en japonés a los visitantes, no había suficiente sangre como para llenar las páginas locales y tenían que publicar sucesos de otros Estados: “Los de las fronteras”, recuerdan. Mientras en el resto del país en los peores años de la guerra contra el narco los cadáveres se contaban por decenas, el Estado registraba uno o dos homicidios al día. Ahora, en lo que va de año se les han acabado los titulares. Todos se repiten: “Asesinan a dos mujeres y dos niños en su casa”; “Levantan a 10 de un anexo [centro de rehabilitación]”, “Balaceras dejan 7 muertos en menos de 30 minutos en Irapuato”, “Matan a 8 en 15 minutos”.

En enero de 2010, la entidad de casi seis millones de habitantes contó 36 homicidios; en enero de 2020, han muerto asesinadas más de 400 personas, según los datos de la Fiscalía. López Obrador ha reconocido que la violencia del Estado está fuera de control. Y se ha convertido en la entidad que rompe con sus promesas de pacificación del país. El enfrentamiento es, según las autoridades, entre el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —Los Cuatro Letras o La nueva— y otro local, el de Santa Rosa de Lima, que tenía hasta hace tres años el monopolio del robo de combustible (huachicol) en una zona donde está ubicada la refinería de Salamanca (a media hora en coche de Irapuato). Aunque el gobernador, Diego Sinuhe Rodríguez Vallejo declaraba en una rueda de prensa el 8 de febrero que “Guanajuato no es Sinaloa”, las cifras indican que es mucho peor.

La entidad era conocida tradicionalmente, además de por la inversión extranjera en la industria, con salarios miserables y ausencia de sindicatos, por dos de sus municipios estrella para el turismo: Guanajuato (ciudad) y San Miguel de Allende, dos pueblos coloniales donde cada año acuden miles de visitantes estadounidenses, en su mayoría, y donde se celebra el Festival Internacional Cervantino. Hacia ellos se dirige el gobernador: “Pareciera, a través de la percepción, que existe un problema generalizado en el Estado, pero está focalizado en algunos municipios y derivado de batallas de grupos delincuenciales”, argumentó. Aunque el panista —partido en la oposición del Gobierno de López Obrador— denuncia la ausencia de apoyo federal y hace hincapié en que con la policía local no es suficiente: “Somos el Estado con más agentes asesinados”, añade.

El hijo de María Juana Alejo Barajas, de 61 años, solo había ido a cenar con su hermano mayor y unos amigos. Tenía 23 años, estaba a punto de graduarse en Psicología y se acababa de comprar una bici de montaña. Llegaron sobre las nueve de la noche a un Wild Rooster, una cadena de hamburguesas y alitas. Ni siquiera estaba en uno de los barrios que habían comenzado a ponerse peligrosos en ese año, 2018. Cuando salió para buscar su coche, estacionado en la puerta, una moto con dos jóvenes se paró frente a él. No dio tiempo a que se llevaran su cartera y su móvil. Le dispararon a bocajarro. Murió sobre el asfalto en los brazos de su hermano.

Estos días a Alejo se le acelera el corazón cuando se acerca una moto con dos hombres. “Son los motorratones, tengan mucho cuidado”, advierte. Tiene una frutería donde le da pánico quedarse sola y se ha organizado por WhatsApp con los vecinos de la colonia Las Brisas, un barrio de clase media, para avisar si entra a sus calles alguien sospechoso. Ya no camina sola, nunca lleva bolso, ni siquiera la cartera y reza para que una bala perdida no acabe con ella. “A veces pienso que cuando te toca, te toca. Y no hay nada que puedas hacer”, relata.

Guanajuato ya cuenta con todos los ingredientes de la tragedia mexicana: secuestros masivos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, balaceras, toque de queda autoimpuesto a las cinco de la tarde, fosas clandestinas, muertes por balas perdidas y militarización de unos municipios antes prósperos y seguros. Sus habitantes viven lo que hasta hace tres años veían en las noticias de entidades lejanas: Sinaloa, Nuevo León o Tamaulipas. Y están aprendiendo en poco tiempo a ser víctimas.

Omar Ríos, de 36 años, no sabía que existía una herramienta llamada Alerta Amber para los casos de menores de edad desaparecidos que obliga a las instituciones a acelerar la búsqueda desde las primeras horas. El lunes 27 de mayo del año pasado secuestraron a su hija de 17 años en su casa en frente de su madre. Y la denuncia no se hizo efectiva, por tanto, solo empezaron a buscarla 15 días después.

Tiene en su cabeza todos los detalles de esa tarde, en la que dejó a su esposa en casa, ella salió a la calle a buscar agua para lavar la ropa con Gabriela y él se fue a trabajar a una empresa de seguridad. Unos hombres armados frenaron en su puerta, entraron directos a por la joven y la metieron en una furgoneta. Han pasado ocho meses. Durante ese tiempo, su esposa María del Refugio Blancarte, se enfermó. Su familia está convencida de que lloraba tanto que le provocó una infección en un ojo; después, un tumor en la garganta. Murió la semana pasada. Gabriela no ha aparecido.

Son las cinco de la tarde en Irapuato. La hora de las balaceras. Sus calles están desiertas y falta poco para que empiece a oscurecer. Los coches evitan detenerse en un semáforo. En estos momentos, los medios locales corren para dar una noticia: han asesinado a balazos a El Cala en un taller mecánico. Los vecinos hablan de él sin dar más detalles, pocos se atreven a mencionar a uno u otro cartel, tampoco lo hacen los periódicos. En lo que todos coinciden es en que era uno “de ellos”.

Hasta hace cuatro meses, en Guanajuato ni siquiera había un colectivo de apoyo a las víctimas de la narcoviolencia. Cuando se reunieron por primera vez, eran solo cuatro familias. Ahora son más de 150. El líder de Sembrando Comunidad y A tu encuentro, José Gutiérrez, criminólogo y experto en política criminal, explica que el problema es la impunidad. El Estado es el único del país que no cuenta con una Ley de Atención a Víctimas y por tanto con la capacidad para garantizar asistencia, protección y reparación del daño. “La Fiscalía las criminaliza, no sigue protocolos y, si investiga, muchas veces lo hace para buscar una excusa que justifique su desaparición o su asesinato”, denuncia Gutiérrez desde su casa en Salamanca, otro de los municipios más sangrientos del Estado.

“Andaba en malos pasos”, se escucha en las calles después de un asesinato o secuestro y, lo más grave, se percibe en las carpetas de investigación, cuenta Gutiérrez, quien ha tenido acceso a 40 casos. Ha sido la frase más cara que se ha dicho en México en los últimos años. En los lugares más violentos, la desesperada necesidad de que ese destino no le pudiera tocar a cualquiera, sigue votando a favor de la justificación más cruel. Como si un ladrón, drogadicto o camello mereciera ser desmembrado.

La misión de María Guadalupe Gallardo terminó exactamente a las 20.00 del miércoles 12 de febrero. Desde aquella noche en que un grupo de hombres armados entró a la habitación donde dormía con su marido y sus tres hijos y sacó a golpes a Juan Carlos Medina, no había tenido otro trabajo que encontrarle con vida. Durante dos meses y nueve días. Hasta la llamada de teléfono que le asestó el golpe definitivo: lo habían hallado en una fosa. Descuartizado. No volvió a verlo. Los restos estaban en tal estado de descomposición que las autoridades le entregaron en una caja sellada con un acta de defunción.

Los llantos de sus hermanas, de su madre y de su esposa se escuchan desde el comienzo de la calle, en una colonia pobre de Irapuato. Sobre el ataúd han desplegado una bandera de México. En la puerta, una camioneta improvisada como coche fúnebre encabeza una caravana de vehículos que van en procesión por las calles de la ciudad hasta el cementerio. Detenido, el resto de conductores observa resignado el desfile, una representación ya habitual en el municipio.

En el panteón, este jueves a medio día no cabe un coche más. Cinco entierros a la vez. Las tumbas que acompañan a la de Medina rezan nombres de jóvenes que murieron con menos de 30 años. Todos entre 2019 y enero de este año. Las flores de los nichos todavía están frescas.

Una carroza fúnebre blanca con detalles brillantes sube las cuestas de un cementerio que rebasó desde hace tres años su capacidad. Los nuevos muertos se entierran más allá de los límites previstos del recinto y quedan en un descampado listo también para los que vengan. Los familiares y amigos de El Cala suben gritando: “Nos vengaremos”.

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