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Impugnan mandos candado de 10 años

Recurren al amparo contra prohibiciones para seguros médicos y otras restricciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana.

Ciudad de México.

Mandos de dependencias y órganos autónomos empezaron a promover amparos para impugnar el nuevo candado de diez años para emigrar a la iniciativa privada, así como prohibiciones para seguros médicos y otras restricciones de la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde el 20 de noviembre.

Funcionarios y exfuncionarios del Banco de México, los institutos Nacional Electoral y Nacional de Acceso a la Información, las comisiones Federal de Competencia y Nacional de Hidrocarburos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y Nacional Financiera, entre otros, presentaron durante diciembre y lo que va de enero al menos 200 amparos ante jueces de la Ciudad de México.

Las demandas piden declarar inconstitucional el artículo 24 de la ley, que de un día a otro multiplicó por diez el plazo de prohibición para contratarse en empresas privadas relacionadas con la actividad del funcionario, que siempre había sido de un año.

El secretario técnico de la Cofece, Fidel Sierra Aranda, así como el secretario ejecutivo y el director de Administración del INE, Edmundo Jacobo y Bogart Montiel, presentaron la semana pasada amparos que impugnan múltiples artículos de la ley, entre ellos el que prohíbe contratar seguros de gastos médicos.

“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años”, dice el artículo 24.

 HAY VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

Los amparos de los servidores públicos –algunos de ellos, firmados por múltiples quejosos– alegan violaciones a derechos humanos de libertad de trabajo y no discriminación, e incluso califican el veto de diez años como una pena inusitada.

Al menos ocho de los 16 jueces federales en Materia Administrativa en la CDMX han concedido suspensiones a los quejosos para que no les aplique el artículo 24 mientras se tramitan los juicios, mientras que el resto las ha negado.

“Otorgar un plazo menor para que pueda incorporarse a una empresa respecto de la cual tuvo alguna intervención o supervisión sería efecto de la eventual declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado”, afirmó el Décimo Primer Tribunal Colegiado Administrativo, al negar la suspensión a un funcionario de Banxico.

La Suprema Corte de Justicia es la que tendrá que aclarar, primero, si proceden conceder suspensiones, y segundo, si es constitucional el artículo 24.

En dependencias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, muchos de los mandos, incluidos casi todos los vicepresidentes, renunciaron antes de la entrada en vigor del candado de diez años, pero hay exfuncionarios que también se han amparado, incluidos algunos que dejaron sus cargos desde diciembre de 2018.

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